En un movimiento para asegurar la transparencia y modernizar su sistema financiero, el gobierno de Chad ha implementado una nueva normativa que prohíbe la recaudación de ingresos públicos en efectivo. La medida, en vigor desde el 1 de septiembre de 2025, exige que todos los pagos al Estado se realicen exclusivamente por medios digitales, como transferencias bancarias y dinero móvil, con el fin de fortalecer la trazabilidad y frenar la corrupción.
En un movimiento decisivo hacia la transparencia y la modernización, el gobierno de Chad ha prohibido oficialmente la recaudación en efectivo de todos los ingresos públicos. A través de una circular emitida por el ministro de Finanzas, Tahir Nguilin, el país busca fortalecer sus finanzas y asegurar una mayor trazabilidad en la ejecución presupuestaria.
La nueva directriz, en vigor desde el 1 de septiembre de 2025, establece que la recolección de fondos por parte de agencias fiscales como impuestos, aduanas y servicios administrativos deberá realizarse exclusivamente a través de medios digitales. La circular especifica que las transferencias bancarias, el dinero móvil y el telepago son los únicos métodos de pago autorizados, con los fondos depositados directamente en la cuenta del Tesoro.
Según el gobierno, esta medida apunta a corregir las deficiencias observadas en la gestión presupuestaria, especialmente las relacionadas con la recaudación en efectivo. Se espera que la digitalización total de los ingresos públicos impulse la modernización de los servicios del Estado, facilite las transacciones y, de manera crucial, sirva como un freno poderoso para la corrupción.
Además de fortalecer la rendición de cuentas, la política busca asegurar los ingresos estimados para 2025, que ascienden a casi 2 mil millones de francos CFA. De este total, se proyecta que 1.022,9 mil millones provengan de ingresos no petroleros, mientras que 993,6 mil millones corresponden a ingresos petroleros.
Sin embargo, la medida incluye una excepción temporal. Hasta el 31 de diciembre de 2025, algunos ingresos administrativos recaudados por agentes estatales fuera de las oficinas (como los impuestos sobre el ganado o las multas fijas) podrán seguir siendo gestionados a través de valores certificados del Tesoro, aunque la transición completa a los pagos digitales sigue siendo el objetivo final.
Fuente: Ecomatin
