Con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica de los inmuebles, evitar conflictos de propiedad y mejorar la recaudación fiscal, el Gobierno ha presentado un proyecto de ley ante la Cámara de los Diputados para la creación del Catastro Nacional de Tierras. Esta iniciativa busca establecer un sistema moderno e integrado que permita identificar y registrar con precisión todas las propiedades urbanas y rurales del país.
En el seno de la Comisión Parlamentaria de Gobernación y Administración Local, presidida por el Doctor Salomón Nguema Owono, han comenzado las deliberaciones sobre el proyecto de ley impulsado por el Gobierno para la creación y establecimiento del Catastro Nacional de Tierras. Esta iniciativa legislativa pretende poner fin a los conflictos de propiedad y mejorar la recaudación fiscal mediante la regularización técnica y legal de los bienes inmuebles del país.
En el preámbulo del documento, el Ejecutivo subraya que, pese al notable desarrollo urbano y rural de los últimos años —reflejado en la construcción de infraestructuras públicas y privadas—, la inexistencia de un sistema catastral nacional ha generado disputas sobre la tenencia de tierras y ha limitado la eficacia de la recaudación fiscal en el ámbito inmobiliario.
La propuesta de ley busca implantar un catastro moderno e integrado con el sistema registral de posesión de suelos. Su objetivo principal es reforzar la seguridad jurídica de los inmuebles, dinamizar el mercado inmobiliario y evitar transacciones imprecisas, garantizando una ubicación geográfica técnica y precisa de las fincas urbanas, rústicas y parcelas en todo el territorio nacional.
Según lo planteado, el catastro permitirá elaborar un inventario actualizado y clasificado de los bienes inmuebles, tanto estatales como privados, asegurando su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica. Asimismo, proporcionará una base sólida sobre la cual aplicar los tributos correspondientes, lo que contribuirá a aumentar los ingresos públicos y proteger la propiedad.
Hasta ahora, las funciones catastrales eran competencia del Ministerio de Obras Públicas, que aplicaba normativas heredadas del periodo colonial. Esta situación evidencia la urgencia de una legislación propia y adaptada a la realidad actual del país. No obstante, el preámbulo del texto legal ha sido dejado en suspenso para su reformulación tras los primeros debates.
Durante la sesión, se aprobaron los artículos relativos a las disposiciones generales del proyecto, en los que se define su objeto, ámbito de aplicación y los conceptos técnicos clave como catastro, agrimensor, finca urbana o rural, zona catastral, predio, representación gráfica y títulos de reconocimiento. Estos últimos son documentos provisionales técnicos y administrativos que preceden a la emisión del título de propiedad definitivo.
También fueron adoptados los artículos que definen los documentos catastrales principales y secundarios. Estos comprenden planos y documentos literales necesarios para identificar y delimitar la propiedad de terrenos edificados o no, así como para registrar los derechos reales inmobiliarios.
Finalmente, los diputados destacaron la importancia de fijar con claridad las tasas aplicables a los servicios catastrales, insistiendo en la transparencia de los mecanismos de recaudación para asegurar que los ingresos derivados de estas actividades se dirijan a las arcas públicas y no fomenten la corrupción en el sector.
Fuente: Guineaecuatorialpress
